Hace apenas unos días conocíamos la aprobación del Plan PIVE 2, que prorroga el iniciado en 2012. Para este segundo programa, el Gobierno ha anunciado que se dobla la dotación, de 75 a 150 millones de euros, para la ayuda a la compra de vehículos más eficientes.
Y de nuevo se repite la misma historia, ya que esta segunda edición del Plan PIVE, tampoco incluye a la motocicleta entre los vehículos que se pueden acoger a él. Es, sin duda alguna, una muestra más de la falta de apoyo que nuestros dirigentes declaran a la industria de la moto y a su colectivo durante los últimos años.
En el mundo en el que vivimos actualmente, en el que los políticos se llenan la boca con discursos y medidas respetuosas con el medio ambiente, mejoras en la gestión del tráfico o ciudades menos contaminadas, es de una falta total de sentido común eliminar de la ecuación a un medio de transporte limpio y ecológico, como es la motocicleta.
Es aún más grave, si tenemos en cuenta que el presupuesto se ha doblado para 2013 y que el Estado no pierde dinero con el Plan PIVE, sino que es beneficioso para las arcas públicas en términos de recaudación -300 millones con el PIVE 2012-.
Por otro lado no podemos olvidarnos de la parte más humana de la industria motociclista, representada por los miles de puestos de trabajo directos en indirectos. Es aquí donde el Plan PIVE alcanza su máxima expresión, manteniendo y creando nuevos empleos -4.500 en 2012 según Anfac- e incentivando la demanda interna. Sin embargo, si se desaprovecha esta herramienta de apoyo en nuestro sector, sucesos como el cierre de la planta de Suzuki en Gijón parecen destinados a repetirse.
Por tanto, un plan de incentivo a la motocicleta es justo y necesario para un sector, que se encuentra en niveles de ventas de 1960, tanto para impulsar este medio de transporte como para, sobre todo, evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo directos e indirectos de la industria de la moto.
