Según El Confidencial Digital, el Gobierno trabaja para liberalizar el sector de las ITV, y parece que el Ministerio de Economía tiene bastante avanzado un Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales con el objetivo de abaratar este servicio que también podrán prestar talleres y concesionarios. Dado que tanto unos como otros cuentan con los medios necesarios para poder pasar este tipo de revisiones, el Gobierno tiene la intención de ampliar las competencias de inspección técnica a estos dos sectores para que puedan realizar también las evaluaciones periódicas de los vehículos, dándoles la posibilidad de participar en esa nueva actividad económica para aliviar la delicada situación financiera que padecen los talleres como consecuencia de la crisis.

También es importante que, según cálculos del sector, liberalizar las ITV rebajará un 30% el precio que hoy paga el consumidor por la revisión del vehículo. Y además supondría una mayor comodidad para los usuarios, pues en la actualidad las ITV se encuentran en la periferia de las grandes ciudades y supone un trastorno acudir a ellas.

Pero hay un tema crucial detrás de todo, y es que las autonomías ya no tendrán el monopolio de concurso para abrir nuevas ITV y ni la potestad para regular las tarifas a cobrar. Con esto se intenta, primero unificar los precios cuyas diferencias entre CC.AA. son inexplicables como por ejemplo que la mismo revisión valga en Extremadura 25 € y La Comunidad Valenciana 63 €. Y segundo atajar la corruptela que hay en torno a la concesión de permisos para abrir nuevas estaciones de ITV, algo realmente polémico sobre lo que se han denunciado casos a lo largo y ancho de España, y que ha llegado a su culmen con el caso de Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat, y a seis políticos y empresarios más. Todos han acabado frente al juez que investiga el caso.

Frente a la picaresca que pueda suscitar pasar la ITV en el taller de confianza, el Gobierno tiene el espejo de Alemania e Inglaterra donde mirarse. En estos países existen inspectores que van visitando aleatoriamente los talleres y concesionarios para certificar que las revisiones se realizan de manera objetiva y segura. La legislación prevé elevadas multas económicas a los talleres en caso de que se detecten “prácticas interesadas”. Ante la posibilidad de que pudieran producirse fraudes y que las inspecciones no se realizaran de verdad, desde la Administración se responde que los talleres se jugarían demasiado como para admitir irregularidades.

Lógicamente se ha abierto un fuerte debate entre todas las partes interesadas y mientras FACONAUTO (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción) la ve con muy buenos ojos, la AECA-ITV, la patronal de empresas de Inspección Técnica de Vehículos, rechaza de plano la liberalización total del servicio que prestan dichas empresas y defiende que debe seguir estando totalmente regulado por la Administración porque se trata de un servicio público de interés general.