Los guardias civiles Marcos A.G. y Juan Miguel Ch.O. irán definitivamente a la cárcel por poner multas falsas. Las penas, confirmadas ya por el Supremo, son de 4 años y 7 meses, y 3 años respectivamente. Todo comenzó en octubre de 2007, cuando el ahora condenado M. A. G. decidió tomarse venganza abusando de su posición como agente de la autoridad. Primero la Audiencia de Cádiz, y ahora el Tribunal Supremo corroborando la sentencia, dan como probado que entre octubre de 2007 y enero de 2008, M.A.G. cursó hasta cuatro denuncias falsas contra su vecino, una de ellas compinchado con J. M. Ch. O., el otro guardia civil condenado.

La Audiencia de Cádiz consideró probado que el agente Marcos A. G., destinado en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, estaba enemistado con un vecino de la urbanización Torrelobatón, en Jerez de la Frontera. Según la sentencia, la causa de la rivalidad entre los dos hombres era que el vecino solía pasear un perro rottweiler sin correa ni bozal y no “aceptaba de buen grado” que el guardia civil le pidiera que lo llevara sujeto. También tuvieron problemas “con los jardines y las aguas” de la urbanización. En 2007 ambos tuvieron que comparecer en un juicio de faltas por intento de agresión y amenazas.

El principal condenado llegó a falsificar las firmas de otros guardias civiles en las denuncias

La primera de las multas falsas fue por no llevar abrochado el cinturón de seguridad, la segunda por estacionar sobre un paso cebra y las otras dos por tener caducada la ITV. Tras recibir la primera notificación, el afectado se dirigió a la Jefatura Provincial de Tráfico, donde le instaron a que denunciara los hechos ante la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Durante la investigación que se abrió posteriormente, el ciudadano objeto del abuso por parte de los agentes hoy condenados pudo demostrar que su furgoneta no se encontraba en el lugar que afirmaban los agentes en las denuncias. Las penas que se les han impuesto son especialmente duras porque el agente M.A.G. llegó a falsificar las firmas de otros dos compañeros en calidad de testigos en los boletines de denuncia, para evitar levantar sospechas. Según la sentencia, la familia del hombre enemistado con el guardia civil terminó abandonando su domicilio y poniéndolo en venta.

Además de las condenas a cárcel a los dos guardias civiles por poner multas falsas, tendrán que abonar una multa de 4.800 euros y han sido inhabilitados para el ejercicio como agentes de la Guardia Civil por un periodo de 4 años y 7 meses.