El pasado mes de septiembre, la Comisión de Seguridad Vial de la UE lanzaba una recomendación a sus países miembros para ir retirando del mercado de forma progresiva los cascos abiertos, al considerarlos más peligrosos que los cerrados o integrales y por ser el Día de los Inocentes.

No se trataba de una imposición pues la medida se encontró con el rechazo de países importantes, como Italia y Polonia, dos de los grandes productores de este tipo de equipamiento que, por cierto, es de los pocos sectores que no ha trasladado la producción a China, lo que supondría un fuerte impacto en las economías de estos dos estados.

La sorpresa ha venido cuando desde la Dirección General de Tráfico se ha instado al Gobierno a que se incluya esta prohibición en la próxima modificación de la Ley de Circulación, que podría realizarse en el primer trimestre de 2023. Por lo tanto, teniendo en cuenta los cauces procesales habituales, no sería hasta el verano cuando entrase en vigor esta medida, precisamente el período del año más caluroso y cuando más apetece utilizar este tipo de protección.

La polémica está en la interpretación de qué se entiende por “retirar del mercado los cascos abiertos”. Desde la patronal de cascos en España entienden que la norma se debe interpretar como dejar de fabricarlos, pero pudiéndose comercializar aquellos que ya han sido elaborados como los que, sin haber pasado por la cadena de montaje, ya cuentan con el desarrollo industrial de diseño y patentes.

En cambio, desde la DGT se exige la prohibición de uso desde la misma entrada en vigor de la normativa, pues si se pudieran utilizar los ya vendidos la normativa se quedaría sin aplicar pues la vida útil de un casco puede ser muy elevada.

El Ministerio de Consumo, por su parte, entiende ambas posturas y se postula entre ambas para intentar contentar a todos. Lo que se propone desde el departamento dirigido por Alberto Garzón dar un plazo a fabricantes y comercios para sacar el stock al extranjero, a países donde no se haya llevado a cabo esta prohibición, y permitir a los usuarios utilizar sus cascos abiertos en días de mucho calor.

En lo que sí se ha mostrado más tajante el ministerio es en no permitir que las marcas de scooters incluyan en su publicidad que un vehículo tiene hueco bajo el asiento para un casco abierto. Sólo podrán anunciar que el hueco es válido para un casco integral o para una mochila, pero en ningún caso para un casco tipo jet.

No nos podemos olvidar de los trialeros, los afectados de forma indirecta por esta nueva regulación. Al parecer, la normativa podría plantear una excepción a los usuarios de este tipo de motos, lo que podría provocar un incremento en las ventas de motos de trial. Y es que son muchos los usuarios dispuestos a prescindir de la comodidad de un scooter por poder lucir su jeta por la ciudad.

El único antecedente de este tipo de normativa lo tenemos en Estados Unidos, en concreto, en el estado de Iowa, en donde se promulgó una normativa similar por las quejas vecinales, que no querían ver las amenazantes caras de los “harlistas” en las concentraciones custom. Esto dio lugar a la comercialización de todo tipo de accesorios con el fin de saltarse la normativa.
Lo que está claro es que la polémica está servida, pues hay muchos intereses en juego.