El tiempo pasa rápido y aunque parece que la medida instaurada por la DGT de limitar la velocidad de adelantamiento en carreteras secundarias al máximo de la velocidad de la vía lleva en vigor tres años. Entró en vigor en marzo de 2022 y tras este periodo de tiempo ya se puede analizar si ha dado algún tipo de resultados.
Hay que recordar que esta nueva norma sustituía a la anterior, que permitía rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima de la vía siempre que este límite fuera el genérico y no uno específico, buscando en teoría reducir el número de accidentes al adelantar y también de las víctimas mortales.
Se buscaba, en teoría, mejorar la seguridad en las vías secundarias y es que las colisiones frontales en 2019 conllevaron un total de 239 víctimas mortales. Aparándose en la seguridad, se aseguró que posteriormente se haría un seguimiento de la misma y se ofrecerían datos y explicaciones y eso a día de hoy es algo que sigue sin suceder y si sigue sin suceder es porque los datos no están del lado de la DGT.
Según un trabajo llevado a cabo por la Universidad de Zaragoza, financiado por DVuelta y recogido por el diario El Mundo, con la base de datos Arena de la propia DGT las cifras no son ni mucho menos positivas. Aunque en los primeros meses de la aplicación, de marzo de 2022 hasta el final del mismo año sí que parecía que la siniestralidad había descendido, los datos de 2023 fueron críticos.
Tal como recogen los datos según los informes del siniestro en el atestado de la Guardia Civil de Tráfico, el aumento de los fallecidos en este tipo de accidentes fue de un 123%. Pero este dato no es tan significativo en sí puesto que solamente se referían a adelantamientos en los que la causa únicamente era una infracción de “adelantar antirreglamentariamente”. Por tanto dejaba fuera los fallecidos en accidentes en los que previamente había habido un adelantamiento.
Todas las variables crecieron en 2023
Así que el trabajo llevado a cabo, en este caso por DVuelta, consistía en los accidentes ya fueran con colisiones frontales o de otro tipo en el que los atestados lo vinculaban con un adelantamiento. Con ello el resultado de 2023 seguía siendo preocupante pues había un incremento en todas las variables: número de accidentes, de fallecidos, de heridos hospitalizados y de los leves.
Por tanto y con estos datos en los que se recoge que el número de accidentes y fallecidos crecen, queda claro que el problema no era ese margen de 20 kilómetros de hora para adelantar. Bien sea porque los usuarios no respetan la nueva medida o bien sea porque esta no es efectiva y genera peligrosidad, el hecho es que las cifras no solamente no han mejorado sino que han empeorado.
Con la nueva normativa se pasa el triple de tiempo realizando un adelantamiento
Y es que otro de los datos recogidos es el tiempo que a la velocidad máxima se tarda en llevar a cabo un adelantamiento. Poniendo como ejemplo un camión que circula a su velocidad máxima permitida en carretera, 80 km/h y que tenga una medida de 16,5 metros, alcanzando el vehículo que adelantaba los 110 km/h permitidos la maniobra requería de 2,52 segundos y se permanecía 77 metros en el carril contrario.
Por el contrario, con la nueva normativa ese tiempo pasa a multiplicarse por tres (7,56 segundos) y se recorren 189 metros en el carril contrario. Porcentualmente hablando el riesgo de accidente al estar más tiempo en el carril contrario también se multiplica por tres aunque, en caso de haber un accidente a la velocidad máxima permitida la gravedad del mismo debería reducirse en un 20%.
Y esto nos deja una última cuestión y es que si los accidentes pasaron de 669 en 2022 a 700 en 2023 y eso supone un aumento del 4,6%, la realidad es que la gravedad de los mismos fue mayor cuando los fallecidos pasaron de 33 a 41, lo que supone un incremento del 54,4%.
Con todos estos datos encima de la mesa no es sencillo poder llegar a una conclusión tajante, pues en el número de víctimas pueden incidir otros factores, pero lo que sí queda claro es la situación no ha mejorado y que, además, por algún motivo la DGT no ha evaluado la situación y sacado conclusiones de manera pública. Y es que en el fondo de la cuestión lleva tres años un hecho irrefutable como es que esta medida se presentó sin ningún estudio científico o técnico que justificara la decisión y eso, hablando de las vidas que están en juego y del organismo que debería velar por la seguridad de todos los usuarios de la carretera es una mala noticia.
