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A finales de 2013 la DGT ha decidido reforzar la vigilancia aérea a través del exitoso Pegasus, un radar que multa cinco veces más que uno normal. Esto es debido a la alta tecnología que usan estas cámaras, avaladas por el Instituto Español de Metrología.
Su buen rendimiento ha animado a la DGT pues a pesar de su alto coste son muy rentables y las cámaras se van a instalar en otros cinco helicópteros. De momento la inversión total en el proyecto ronda el millón el euros, según las cifras facilitadas por la DGT, pues sólo esta nueva partida ha costado unos 820 mil euros.
Estos radares no van a tener una distribución geográfica determinada sino que la DGT los destinará a donde crea oportuno para evitar comportamientos temerarios así como operaciones salida/retorno
o algún otro tipo de evento especial, como pudiera ser la celebración de un Gran Premio de motociclismo.
Por supuesto no han faltado ni faltarán las críticas por la gran inversión realizada en los tiempos de recortes que corren en todos los organismos estatales. Precisamente desde la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA) se ha hecho hincapié en esta cuestión de la doble moral a la hora de poner en marcha todo este despliegue aéreo de alto coste con afán de control y de recaudación.
Y es que al coste del proyecto hay que sumar las carísimas horas de vuelo de los helicópteros que deben peinar muchos kilómetros de carretera para “cazar” a los infractores. Y no dudan en considerar los radares fijos y móviles como efectivos y mucho más económicos, por supuesto colcándolos en los puntos negros que es donde realmente hacen falta.
Y aportan cifras para sustentar sus opiniones: un estudio muestra que sólo un 15% de los conductores rebasa los límites legales y, de ellos, apenas un 10% sobrepasa los 130 kilómetros por hora. Otro análisis de AEA destaca que de los 185 tramos de concentración de accidentes en toda España sólo siete cuentan con radares fijos. Pero ahí no parecen interesarle a la DGT ni al Ministerio del Interior...
